Previsible: Consejo pidió a Corte que rechace amparo de jueces trasladados

Política 02 de octubre de 2020 Por Gabriel Morini - ambito.com
Argumento central (técnico): magistrados demandaron al Consejo que no tomó determinación alguna sobre su situación (en lugar de Senado y Ejecutivo). Lugones dijo que no hay "caso". Procuración, por la positiva.

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El Consejo de la Magistratura -apuntado en la demanda por el traslado los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli- respondió, antes de que se cumplan las 48 horas de plazo, el informe de rigor que le reclamó la Corte Suprema, al aceptar el amparo que presentaron los magistrados. Con la firma de su presidente Alberto Lugones, en dos informes de casi 40 carillas, el órgano de selección y remoción de jueces le solicitó al máximo Tribunal que rechace el reclamo de fondo. En su escrito, el Consejo recordó sus competencias fijadas por la Constitución y que en el caso de los tres jueces su intervención se limitó “a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo” para que revise esos traslados. Uno de los aspectos técnicos medulares es si la demanda que entablaron los jueces para aferrarse a sus cargos y esquivar la revisión del Senado debió haber sido dirigido al Consejo que no adoptó ninguna resolución que altere sus situaciones, algo que sí ocurrió luego en el Congreso y tras el decreto presidencial que desencadenó movimientos de Casación y de la propia Cámara Federal. El Consejo “se limitó a la mera emisión de una recomendación al Poder Ejecutivo Nacional como tal de carácter no vinculante”, por lo que “ninguna intervención le cabe a este Cuerpo en cuanto al fondo de la cuestión debatida”, sostuvo el escrito al que accedió Ámbito.
 
Lugones reiteró que en los casos de una decena de jueces (que incluye a los demandantes) “no se ha completado el procedimiento constitucional complejo previsto en el artículo 99 inciso 4, 2° párrafo, de la Constitución Nacional y expresamente consolidado, en cuanto sus etapas indispensables, señaladas por V.E. (la Corte) en las acordadas n° 4/2018 y 7/2018”. La Corte les había apuntado ordenándoles congelar la ejecución de la Resolución 183/20 que dio inicio a todo el pleito. De manera directa, el consejero juez disparo: “Se extrae con claridad que la acción esgrimida por los accionantes intenta bloquear el ejercicio de facultades constitucionales privativas del Poder Ejecutivo”.
 
Cuestionó que en el amparo formularon “afirmaciones dogmáticas” y que sobre todo, “dirigen la acción contra un sujeto que se encuentra impedido de hacer o dejar de hacer las conductas que estiman conducentes para satisfacer sus pretensiones cautelar y de fondo”. En pasillos de tribunales señalaron que distinto (y más complejo) sería el tema si se hubiese demandado al Ejecutivo porque allí podría tener que intervenir la Procuración del Tesoro. El Consejo alegó que no existía agravio al “no haberse puesto en tela de juicio las garantías constitucionales de la inamovilidad y estabilidad en el cargo consagradas en el art. 110 de la Constitución”. Para Lugones, hay “ausencia de caso”.

Algo similar había opinado la jueza Contencioso Administrativo Federal María Alejandra Biotti, al rechazar el amparo al “no están presentes los presupuestos básicos que habilitan la vía excepcional del amparo”. El consejero remarcó que siete de sus pares se presentaron a la comisión de Acuerdos del Senado y que el trío decidieron no concurrir, por eso el Senado los rechazó. Lugones solicitó que se confirme la sentencia recurrida en primera instancia, “con costas para los peticionantes”, es decir que paguen los costos de haber demandado. Como un estilete, el escrito describió las funciones de los jueces de Tribunal Oral Federal y de Cámara Federal de Apelaciones en el caso de Bruglia y Bertuzzi para concluir que “la competencia en razón del grado y de la materia es claramente distinta”.

En las próximas horas se espera que la Procuración General cumpla con el trámite impuesto por la Corte y que conteste en su dictamen no vinculante. Con estos elementos, la Corte estará en posición de empezar a discutir un voto mayoritario que se incline por darle o no la razón a los jueces, algo para lo que no tiene plazos. Se especulaba con que la procuradora ante la Corte Laura Monti podría responder avalando la posición de los demandantes Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

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